Tribunal de Cuentas presenta mañana sus informes sobre elecciones europeas y generales, con avisos a Vox, Junts y Alvise

El Tribunal de Cuentas ha exigido el reembolso de más de un millón de euros a la plataforma política “Se Acabó la Fiesta”, tras encontrar irregularidades significativas en la justificación del uso de fondos destinados a las campañas electorales más recientes. El organismo fiscalizador presentará mañana sus informes sobre la financiación de los comicios europeos y generales en España, en los que, junto a esta formación, también aparecen señalados partidos como Vox y Junts per Catalunya por deficiencias en sus controles internos y en la documentación de ingresos y gastos. Según informó Europa Press, el Tribunal advierte además sobre vacíos legales en el sistema actual, posibilitando a entidades vinculadas a partidos, como fundaciones, esquivar los niveles de supervisión exigidos a las formaciones políticas cuando no reciben financiación pública de manera directa.

El informe, tal como consignó Europa Press, señala que esta situación permite escenarios de opacidad respecto al uso de recursos privados, lo que complica seguir el rastro de los flujos financieros y posibilita la administración y canalización de fondos bajo controles insuficientes. Como respuesta, el Tribunal de Cuentas plantea ampliar el ámbito de la fiscalización a todas las entidades conectadas con partidos políticos mediante una reforma legal. Entre las propuestas legislativas figura la implantación de sistemas automáticos de verificación y control, así como la aplicación de sanciones automáticas ante cualquier incumplimiento, omisión, registro incompleto, o demora en la entrega de documentación justificativa, lo que eliminaría la discrecionalidad y dotaría al sistema de mayor eficacia.

Entre los principales incumplimientos identificados por el órgano fiscalizador destaca la falta o la presentación extemporánea de documentos que acrediten ingresos y gastos por parte de diversas formaciones políticas, junto con retrasos en pagos a proveedores durante los periodos electorales. Estas irregularidades pueden traducirse, según Europa Press, tanto en sanciones económicas como en la imposibilidad de acceder o de mantener determinadas ayudas públicas. Un caso específico es el de Junts per Catalunya, a quien se le redujo una subvención de 260.000 euros por no aportar los justificantes correspondientes a algunos movimientos financieros. El Tribunal enfatiza que cada operación debería basarse en pruebas claras y fácilmente verificables, y que la entrega fuera de plazo de los justificantes incide directamente en la capacidad de las agrupaciones para recibir fondos públicos.

En el terreno de la financiación internacional, el informe presta especial atención al caso de Vox, organización que recibió un préstamo de 7 millones de euros del banco húngaro MBH Bank Nyrt, vinculado al entorno del primer ministro Viktor Orbán, con el objetivo de costear gastos relacionados con la campaña de las elecciones europeas de 2024. Del total del crédito, Vox destinó 405.000 euros directamente a la campaña, mientras que otros 6,6 millones se desembolsaron con posterioridad. Ya en las elecciones generales de 2023, la formación había recurrido al mismo banco para obtener un crédito de 6,5 millones de euros. El Tribunal resalta, de acuerdo con Europa Press, que Vox no notificó esta deuda dentro del plazo legal de 125 días a partir de la convocatoria electoral, dificultando el control sobre la aplicación de las normas relativas a la financiación de partidos con fondos extranjeros.

Según informó Europa Press, la legislación española prohíbe expresamente fuentes de financiación provenientes de bancos controlados por gobiernos extranjeros, aunque sí permite recibir fondos de entidades privadas, incluso si mantienen lazos políticos con otros Estados. El Tribunal de Cuentas subraya la existencia de riesgos para la transparencia y la trazabilidad en estos movimientos financieros, lo que motiva la recomendación de reforzar los controles sobre la financiación internacional de los partidos. Tras las transacciones realizadas por Vox, el Partido Socialista denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado; la investigación fue finalmente archivada al no hallarse indicios de delito, según informó Europa Press.

El informe también refiere que otras formaciones políticas reciben deducciones económicas por justificar de manera incompleta sus gastos o por retrasarse en los pagos a proveedores durante la campaña europea. Entre los partidos afectados por recortes que superan los 208.000 euros en conjunto se encuentran PSOE, Sumar, PSC, Unión del Pueblo Navarro y Vox. Las sanciones individuales oscilaron entre importes mayores a 50 euros y montos que superaron los 11.000 euros, de acuerdo con el mismo medio.

En relación con las fundaciones ligadas a partidos políticos, el Tribunal dedica un apartado a la Fundación Disenso, asociada a Vox. De acuerdo con Europa Press, el informe destaca que este tipo de entidades pueden recibir y administrar recursos sin estar sometidas a los mismos requisitos de justificación pública que los partidos políticos, siempre que no perciban subvenciones públicas directas. Bajo este esquema, existe la posibilidad de canalizar fondos con menores exigencias de transparencia y menos supervisión. El Tribunal recomienda por tanto extender la cobertura legal de la fiscalización a todas las fundaciones y organismos afines a partidos políticos, aunque su financiación sea exclusivamente privada.

El Partido Socialista, a su vez, recogió Europa Press, ha planteado que el régimen de control abarque todas las entidades susceptibles de obtener beneficios indirectos de recursos estatales a través de su vínculo con partidos, incluso si no reciben subvenciones públicas directas. Las propuestas del Tribunal incluyen además la integración de controles automáticos a la gestión de subvenciones, donaciones y fondos tanto públicos como privados, restringiendo el acceso a fondos estatales a aquellas formaciones que cumplan estrictamente con sus obligaciones documentales.

El informe presta especial atención al valor de la digitalización en los procesos de supervisión. En comunidades autónomas como Extremadura, la utilización de sistemas digitales ha facilitado la detección temprana de irregularidades en la financiación electoral, según puntualiza Europa Press. El Tribunal valora que estas herramientas permiten un seguimiento casi inmediato de las operaciones financieras, ayudando a anticipar y prevenir posibles infracciones.

El órgano fiscalizador apela a que todos los partidos y plataformas políticas documenten con claridad y exactitud el origen y uso de cada euro recibido y gastado en procesos electorales, sin importar el tamaño o la representación parlamentaria de la organización, tal como relató Europa Press. De esta forma, asegura el Tribunal, se facilita el seguimiento del dinero y la limpieza de los procesos electorales. Vox ha declarado que todas sus actuaciones respetaron la normativa vigente, aunque el Tribunal de Cuentas insiste en que una reforma del marco normativo se muestra indispensable para reforzar la transparencia, los controles y la supervisión de las transacciones y estructuras de financiación en el sistema político de España.